Los criterios para otorgar asignaciones estatales a personas con discapacidad volvió a despertar tensiones entre el Poder Ejecutivo y las organizaciones del sector.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) decidió profundizar lo que considera una revisión necesaria para evitar fraude.
Sin embargo, lo que cuestionan desde el colectivo es que en ese proceso ignora la legislación vigente, retrocede en materia de derechos humanos y que hasta avala la discriminación y la estigmatización..